Tienen cuentas pendientes con la Justicia, pero se sienten perseguidos

A través del hábeas corpus preventivo, los dirigentes campesinos Luis Aguayo, Elvio Benítez, Jorge Galeano, Filemón Paredes, Juan Domingo Villalba –trabajador del transporte– y Luis Cabrera pretenden no ser detenidos durante las movilizaciones.

Los líderes campe­sinos Luis Aguayo, Elvio Benítez, Jorge Galeano, Filemón Paredes, Luis Cabrera y el dirigente transportista Juan Domingo Villalba presentaron ayer un hábeas corpus preventivo ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para evitar ser detenidos durante las movilizaciones que realizan en la capital del país con el objetivo de conse­guir el subsidio a sus deudas.

La Sala Penal de la CSJ está integrada actualmente por los ministros Luis María Benítez Riera, Alicia Pucheta de Correa y Sindulfo Blanco, quienes tendrán que anali­zar si corresponde rechazar o hacer lugar al planteamiento formulado por los abogados de los labriegos, Bernardo Insaurralde y Oliver Narváez.

Varios de los que presenta­ron el hábeas corpus preven­tivo tienen causas penales por lesión de confianza, robo agra­vado, perturbación de la paz pública y otros que aún siguen pendientes en la Justicia.

Los accionantes señalan que “podrían ser privados ile­galmente de su libertad por luchar por algo que corres­ponde para los campesinos” y agregan que fueron “ame­nazados a través de una nota remitida por los fiscales Aldo Cantero, Alcides Corvalán y Eugenio Ocampos a todos los dirigentes”, para recordarles la plena vigencia de la Ley del Marchódromo, que establece que solamente pueden mar­char desde las 19:00 y sin objetos contundentes.

Para Insaurralde, “con la acti­tud de la Policía Nacional, como de la Fiscalía, se busca criminalizar la lucha social”, siendo que “hay que velar por la libertad de las personas, para garantizar que puedan manifestarse sin amedrenta­mientos de las autoridades”. Seguidamente, el abogado advirtió que de ser recha­zado el pedido van a “recu­rrir a la Comisión Interame­ricana de Derechos Humanos (CIDH) para que tome cartas en el caso”.

LEY DEL MARCHÓDROMO

La Policía Nacional, luego del reclamo de la ciudadanía, que a diario y hace semanas sufre la manifestación de los cam­pesinos, tomó la determi­nación de hacer respetar la Constitución Nacional y la Ley del Marchódromo.

La legislación vigente para las marchas es muy clara y esta­blece en su tercer artículo que en Asunción las perso­nas podrán ejercer el dere­cho de reunirse y de manifes­tarse pacíficamente a partir de las diecinueve horas hasta las veinticuatro horas en días laborales, y los domingos y feriados desde las seis de la mañana hasta la misma hora del día siguiente.

En tanto que en el quinto punto de la normativa se resalta que ninguna reu­nión o manifestación pública podrá bloquear puentes, vías férreas, ni rutas o cami­nos públicos. Estos puntos no son respetados por los labriegos, quienes cierran calles, queman colchones y hasta intentan agredir a las personas que se dirigen a sus lugares de trabajo.

 

Com HOY

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