EL CONFLICTO DE WHATSAPP Y LA JUSTICIA BRASILEÑA, PROBLEMA DEL MUNDO ENTERO

El eje en el que se tocan las empresas de tecnología, la privacidad de las personas y las investigaciones policiales forma una zona conflictiva en todo el mundo. No es raro que aquí en Brasil, como en otros lugares del mundo, los jueces demanden el acceso a los datos que se intercambian usuarios a través de aplicaciones de mensajería. Lo que sí es raro, en opinión de varios expertos que han hablado con EL PAÍS, es la forma recurrente con la que los jueces de primera instancia han conseguido bloquear herramientas de comunicación, especialmente WhatsApp. La última vez, el pasado martes 19 de julio, provocada por una juez de Río de Janeiro y frenada por el presidente de Tribunal Supremo brasileño (STF en adelante según sus siglas en portugués), dejó sin WhatsApp a un país donde cien millones de personas lo usan durante cuatro horas. Era la tercera en menos en un año que ocurría.

El quid de la cuestión es la confidencialidad y la privacidad de los usuarios. Justo después del atentado de San Bernardino, en Estados Unidos, en el que un hombre mató a más de una decena de personas, el FBI exigió a Apple el acceso al móvil del criminal. La empresa se negó y su decisión fue aplaudida por otros gigantes de la tecnología, como Google y Microsoft. Su argumento era que, si decía a los investigadores federales, estaría debilitando la seguridad de los móviles de los demás usuarios. En ese caso, ningún juez intervino de bloquear todos los servicios de Apple en EE UU, pero eso no significa que el episodio sea diferente al de WhatsApp en Brasil. La palabra clave para entenderlo es encriptación.

Para Lemos, hasta el caso de Edward Snowden -el analista de sistemas que publicó los abusos del sistema de vigilancia global de Estados Unidos- orbita alrededor de la falta de privacidad en internet. “Después de él, las empresas empezaron a preocuparse por el que nuestra información esté al alcance de la mano de cualquier corporación o persona que pretenda acceder a ella. La encriptación nos protege incluso de los propios gigantes de la tecnología”, asegura.

WhatsApp siempre ha alegado que ni guardaba ni hacía registros de los mensajes que se envían mediante la aplicación, pero en abril pasó a adoptar un sistema de encriptación que permite que solo las personas que participen en la conversación puedan acceder al contenido. Por eso su leit motif es que ni siquiera puede facilitar la información que la Justicia le solicita. No sólo ha esgrimido este argumento en Brasil: otros países como Reino Unido, Irán o Arabita Saudita ya han criticado su mecanismo, como en el Reino Unido, Irán y Arabia Saudí.

Desconozco el sistema de cifrado de la aplicación pero, si es eficaz, simplemente no hay forma de que accedan al contenido. La única solución sería prohibir la encriptación en Brasil y, de hecho, esto es lo que se está discutiendo en algunos sitios, como en Inglaterra, pero esto supone violar la privacidad de los usuarios. No podría resolverse a partir de una mera resolución judicial”, opina Carlos Afonso, que formó parte de la creación del Comité Gestor de Internet, entidad multisectorial creada en 1995 para tratar asuntos relativos a internet. Cuando el atentado de San Bernardino, las empresas de tecnología reconocieron la posibilidad de debatir la cuestión. Pero a la vez, alertaron que la decisión sólo podría surgir de un debate público.

Lo que veo en la actualidad es que la gente apoya completamente el cifrado, aún sin conocerlo a fondo. Al fin y al cabo, en WhatsApp enviamos hasta números de documentos de identidad o de cuentas corrientes. La violación del cifrado significa que esa información privada podría volverse accesible”, alerta Lemos. Afonso también opina que las empresas no pueden responsabilizarse de sus usuarios. “Supongamos que a las corporaciones de tecnología les prohibieran emplear el cifrado en los servicios que ofrecen. Esto no impediría que dos personas enviándose correos electrónicos cifrasen sus mensajes. En ese caso, ¿a quién recurriría la Justicia? Está claro que no podría responsabilizar a la empresa del comportamiento de sus clientes, como viene haciéndolo”, argumenta Afonso.

El ministro de Justicia del Gobierno interino de Brasil, aseguró estar trabajando para allanar este conflicto. Pero ello, ha asegurado, es necesario que las empresas que trabajen con intercambio de datos entre usuarios tengan sede en Brasil y que proporcionen, cuando sea necesario, los datos que soliciten las autoridades policiales. En el caso de WhatsApp, al no tener sede en Brasil, se rige por la legislación americana. También Google se ha negado a facilitarle información a la Justicia brasileña afirmando que los datos del servicio de Gmail, por ejemplo, están almacenados en EE.UU.

Para Lemos, traer la sede a cada país sólo complicara las cosas. “Por lo que entiendo, la ley aumentaría los requisitos para que las empresas de tecnología se instalen en Brasil más de lo que se exige en otros países. Esto haría que esas empresas simplemente se fuesen de Brasil”, comenta. Esto, además, crearía un ambiente negativo para el país en el área de innovación.

Este miércoles del Supremo brasileño calificó la medida del bloqueo de desproporcionada, puesto que WhatsApp se utiliza ampliamente como un medio de comunicación. Se puede interpretar como una señal de que las cosas pueden cambiar y se puede dejar de penalizar a los millones de usuarios. Para Lemos, lo que hace falta para que los bloqueos dejen de producirse es que esto se convierta en una jurisdicción. “Ya es una violación del Marco Civil, del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de una resolución reciente del Consejo de Derechos Humanos da ONU que condena la práctica de bloqueos de sitios web“, critica. “Pero, con una resolución definitiva del STF, los jueces de primera instancia ya no podrán interferir en la forma en cómo 100 millones de usuarios se comunican en Brasil”.

Com El Pais

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