CORRUPCIÓN: LOS NUEVOS TIEMPOS POLÍTICOS DESATAN CONTRAATAQUES EN LA JUSTICIA

Durante el gobierno de Mauricio Macri, la AFIP acusó -como parte querellante- a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa y a su extitular Ricardo Echegaray por el delito de defraudación al Estado

Ante la inminencia de un cambio de gobierno, empresarios acusados durante la gestión de Macri ahora apuntan contra los denunciantes y los organismos que aportaron pruebas.

Después de cuatro años en los que la Justicia apuntó contra los exfuncionarios kirchneristas y especialmente hacia la expresidenta Cristina Kirchner, los vientos políticos comenzaron a cambiar. Hay batallas que cobran movimiento en los tribunales federales de Comodoro Py, y algunos cañones parecen virar hacia los funcionarios del gobierno que dejará la administración el 10 de diciembre.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, la AFIP acusó -como parte querellante- a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa y a su extitular Ricardo Echegaray por el delito de defraudación al Estado. Hoy, quienes estuvieron al frente de la AFIP y algunos de los funcionarios que elaboraron esas acusaciones están en la mira de la Justicia, al menos en dos expedientes.

El juicio oral por la causa conocida como Oil Combustibles comenzó en junio. En ese proceso, De Sousa y Echegaray declararon en su defensa que, bajo la gestión del extitular de la AFIP Alberto Abad, el primer administrador que designó Macri, el ente recaudador de impuestos habría forzado a la empresa Oil a ir a la quiebra. En esa causa se acusa a los dueños del Grupo Indalo de defraudar al Estado mediante la implementación irregular de planes de pago para el impuesto a la transferencia de combustibles (ITC) a la empresa Oil Combustibles.

De Sousa y López intentan un contraataque. Así declararon que bajo la gestión de Leandro Cuccioli, el sucesor de Abad y actual administrador, se “prepararon” testigos para que declararan en línea con la acusación. Y, en las últimas audiencias, De Sousa dijo que se realizaron acciones de espionaje ilegal dentro del organismo recaudador sobre sus empresas.

A través de estas declaraciones, De Sousa y López buscan deslegitimar la acusación que los tuvo casi dos años detenidos, en el contexto del regreso de peronismo al poder. Cuccioli siempre negó las acusaciones y procura seguir al frente de la AFIP para finalizar sus tareas a fines de 2020.

De Sousa ya denunció penalmente al organismo y sostuvo que el gobierno de Macri “nutrió” al juez d -uno de los jueces mencionados por Fernández dentro del grupo de quienes debían explicar sus sentencias- y al fiscal Gerardo Pollicita para perjudicarlos a él y a López en esa investigación. La denuncia formulada por De Sousa está a cargo del fiscal Guillermo Marijuan y la jueza María Servini. Cuccioli ya está imputado en ese expediente. Allí también están señalados por los dueños del Grupo Indalo varios hombres del círculo de Macri: el empresario Nicolás Caputo y los asesores presidenciales Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y José Torello.

El otro expediente que tiene a funcionarios de la AFIP implicados está a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral. Después de las PASO, Canicoba tomó medidas de prueba en una causa que tiene a su cargo desde 2017, iniciada por una denuncia de la AFI sobre supuestas actividades de espionaje ilegal.

Canicoba, que acumuló denuncias en el Consejo de la Magistratura por su crecimiento patrimonial, apuntó contra los organismos del Estado que, según su hipótesis, habrían realizado actos de espionaje ilegal sobre jueces y gobernadores y filtrado esa información.

Además, el juez señaló a la Unidad de Información Financiera (UIF) y le pidió explicaciones por supuestos ingresos a la base de datos migratorios de algunos jueces, entre los que se encuentra él mismo. Alberto Fernández expresó una coincidencia con Canicoba Corral hace poco menos de un mes, cuando escribió en Twitter que “la UIF espió jueces”.

La unidad lo rechazó y calificó la acusación de “insinuaciones falsas”. “La UIF no hace ‘espionaje’, es el organismo encargado de investigar sospechas de lavado de activos y financiación del terrorismo”, contestó en aquella oportunidad. Y atribuyó la “operación” a “requerimientos judiciales extralimitados” que llegaron a la unidad y que fueron rechazados.

“La AFIP de Macri ahora va a recibir muchos pases de factura”, ironizó un abogado que sigue de cerca el expediente de Oil. Néstor Abelardo Sosa, encargado del área de Auditoría de la AFIP, que fue clave en la elaboración de la hipótesis acusatoria contra López y De Sousa, se encuentra ahora bajo la lupa de Canicoba Corral por haber ingresado, presuntamente a través de su usuario, a la base de datos de la AFIP sin una orden judicial.

El fiscal que interviene en esa causa, Ramiro González, pidió incorporar al expediente un informe difundido a través de C5N -canal del Grupo Indalo- en el que se enumeró quiénes habrían sido los jueces espiados a través de los organismos oficiales mediante el acceso al sistema de registros de entradas y salidas del país de la Dirección Nacional de Migraciones.

También se busca determinar en esa causa si otro funcionario de la AFIP, Jaime Mecikovsky, participó de los hechos investigados. Mecikovsky, al igual que Néstor Sosa, es un hombre vinculado a Elisa Carrió. A comienzos de este año, la Coalición Cívica denunció en el Consejo de la Magistratura a Canicoba Corral.

El magistrado pidió a la AFIP informar cómo funciona el sistema de consultas de las bases de datos para determinar si se obtuvo información por fuera del marco de la ley y comunicó esta medida de prueba a través del Centro de Información Judicial (CIJ), controlado por el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti.

“Hay intereses montados en esa investigación: los de Canicoba Corral, los de Lorenzetti y los de López y De Sousa”, dijo una fuente judicial con despacho en Comodoro Py que relacionó todos estos hechos y remarcó que ninguno de ellos le tiene aprecio a Carrió. La diputada de la Coalición Cívica no está implicada directamente en esta causa, pero hace una semana hizo declaraciones y dijo que ese juez quiere “meterla presa”.

Los ejes de la contraofensiva en Comodoro Py

Oil Combustibles

Cristóbal López, empresario

El empresario estuvo detenido por la supuesta defraudación al Estado a través de la falta de pago del impuesto a los combustibles. En su intento de contraataque, López y su socio, Fabián de Sousa, acusaron a la AFIP de “preparar testigos” para deslegitimar la denuncia.

La AFIP siempre negó las acusaciones de López y De Sousa y defendió sus denuncias por la falta de pago del impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC)

La investigación

Rodolfo Canicoba Corral, juez federal

El juez Rodolfo Canicoba Corral, quien había sido denunciado en el Consejo de la Magistratura, tomó medidas de prueba en una causa que tenía desde 2017 sobre un supuesto espionaje ilegal y le pidió explicaciones a la UIF.

La unidad calificó la acusación de “insinuaciones falsas”. “La UIF no hace ‘espionaje’, es el organismo encargado de investigar sospechas de lavado de activos y financiación del terrorismo”, contestó el organismo.

(Com La Nacion)

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